Articles d'Interès

El Consejo de ministros aprobó el 28 de enero de 2025 el Real Decreto-ley 1/2025 (BOE 29-01-2025), que incluye la revalorización de las pensiones y otras prestaciones abonadas por el sistema de la Seguridad Social. En tanto se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2025, el límite máximo establecido para la percepción de las pensiones públicas del sistema de Seguridad Social y clases pasivas causadas en 2025 será de 3.267,60 euros mensuales o 45.746,40 anuales. En 2024 era de 3.175 euros mensuales o 44.450 euros anuales.

El Ejecutivo estima que la subida de las pensiones favorecerá a las personas más vulnerables y a quienes reciben pensiones mínimas y no contributivas. Según fuentes del Gobierno, más de 12 millones de pensionistas y perceptores de prestaciones conservan o aumentaran su poder adquisitivo. 

Las pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, y las pensiones ordinarias y extraordinarias del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado se revalorizarán con carácter general un 2,8% para 2025, que es la inflación media entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Esta fórmula fue establecida en la Ley 20/2021, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y fue consensuada con los agentes sociales. En concreto:

La pensión mínima para los pensionistas de 65 años o mayores se fija en 12.241,60 euros anuales y en 15.786,40 en el caso de jubilados con cónyuge a cargo. Los menores de esa edad recibirán 11.452 euros y 15.786,40 si tienen cónyuge a cargo. Las pensiones mínimas subirán alrededor del 6% en 2025, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 9%, y las de viudedad con cargas familiares un 9,1%. Las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social de invalidez y jubilación tendrán un importe anual de 7.905,80 euros. Las pensiones no contributivas del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) se revalorizarán en un 6% para 2025, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes con otras pensiones públicas y los 543,60 para las concurrentes. La asignación no contributiva por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2025 los 5.805,6 euros al año. Si la discapacidad es igual o superior al 75% se sitúa en 8.707,20 euros. Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer experimentarán en 2025 un incremento igual al que se apruebe para el salario mínimo interprofesional para ese año. El complemento para la reducción de la brecha de género de las pensiones contributivas queda fijado para 2025 en 35,90 euros mensuales. Es el resultado de sumar un 5% adicional al porcentaje general de revalorización del 2,8%.
Es el cuarto año que se revalorizan las pensiones de acuerdo con el IPC: un 2,8% en 2025, un 3,8% en 2024, un 8,5% en 2023 y un 2,5% en 2022.

Así, la pensión media de jubilación pasará de 1.441 euros mensuales en 2024 a 1.481,35 en 2025, lo que supone un incremento de 564,87 euros al año. La pensión media del sistema, considerando todas las modalidades de pensiones y prestaciones, aumenta en torno a 500 euros anuales.

¿Cuál es el límite de ingresos para el reconocimiento de cuantías mínimas de pensión?

Sin cónyuge a cargo asciende a 9.193 euros al año y con cónyuge a cargo asciende a 10.723 euros al año

¿Cuándo suben las pensiones?

La revalorización se aplicará al importe mensual que tuviese la pensión de que se trate el 31 de diciembre de 2024. La subida de pensiones es efectiva desde el 1 de enero de 2025.

Además, con el objetivo de proteger las pensiones del futuro y en búsqueda del equilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema de Seguridad Social, se han articulado medidas como la cuota de solidaridad y el aumento de las bases máximas de cotización.

El tipo de cotización aplicable de la cuota de solidaridad será progresivo en función de los tres tramos de rendimientos fijados (0,92%, 1% o 1,17%) y se incrementará gradualmente a partir de 2025 hasta el año 2045, donde se alcanzará el tipo definitivo

Por su parte, la cotización por el concepto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) se establece en el 0,8% con una distribución del 0,67% a cargo del empresario y del 0,13% del trabajador.

Jubilación ordinaria y anticipada

Al estar vinculada con la edad ordinaria de jubilación, la jubilación anticipada voluntaria también se modifica en 2025 con respecto al año previo. La jubilación ordinaria y la voluntaria se retrasan levemente tal y como establece la disposición transitoria séptima de la Ley General de la Seguridad Social.

En el año que arranca, es decir, este 2025,  la edad legal de jubilación ordinaria sube dos meses respecto a la de 2024, situándose en 66 años y 8 meses cuando se cuente con menos de 38 años y tres meses cotizados. Antes eran 66 años y 6 meses.  Aunque si se han cotizado 38 años y tres meses o más, la persona se puede jubilar con 65 años. Antes era suficiente con haber cotizado 38 años.

Además, se debe cumplir con el requisito de cotización mínima para poder acceder a la pensión contributiva de la jubilación, que se mantiene en al menos 15 años, dos de los cuales deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la jubilación ordinaria.

Por otra parte, se puede acceder a la jubilación anticipada voluntaria hasta dos años antes de la edad legal ordinaria, por lo que en 2025 la edad mínima de acceso a la jubilación anticipada voluntaria será de 64 años y 8 meses si la cotización es menor de 38 años y tres meses. Aunque en caso de haber cotizado ese tiempo o más se puede acceder a ella con 63 años. Además, es obligatorio tener cotizados por lo menos 35 años para poder acceder a esta modalidad, según explica la Seguridad Social.

Para poder acceder a la jubilación anticipada voluntaria, el importe de la pensión a cobrar por el trabajador tiene que ser superior a la cuantía de la pensión mínima que le correspondería por su situación familiar al cumplir los 65 años. De lo contrario, no podría anticipar su retiro, de acuerdo con Ley de la Seguridad Social. Cuando un trabajador se jubila de manera anticipada, la Seguridad Social aplica coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión, que dependen del número de meses de adelanto de la edad de retiro y del periodo de cotización acumulado.

En términos generales, esos coeficientes reductores van desde el 21% al 3,26% dependiendo de si el retiro se anticipa 24 meses (el máximo posible) o un mes. Este cambio, que forma parte de una transición iniciada en 2024, ajusta gradualmente los coeficientes aplicables. Por ejemplo, para un trabajador que adelante 24 meses su retiro en 2025 con menos de 38 años y 6 meses de cotización, se aplicará un coeficiente del 7,40%.

Sin embargo, la normativa asegura que estos coeficientes no reducirán la pensión reconocida por debajo de lo que hubiera correspondido bajo las reglas vigentes en 2021. Esto se logra gracias a la revalorización anual de la pensión máxima, estimada en un 3,175% para 2025, que absorberá el impacto del incremento en los coeficientes

Jubilación anticipada involuntaria o cese no voluntario en el trabajo

Si la jubilación anticipada es forzosa, es posible jubilarse hasta un máximo de 48 meses antes de la edad de jubilación ordinaria. Con esta modalidad de jubilación se tienen que tener cumplidos 62 años y ocho meses y haber cotizado al menos 33 años. En los casos de carreras laborales más largas, la edad mínima se reduce a los 61 años.

Los coeficientes reductores (penalización) oscilan desde el 30% con cuatro años de anticipo hasta el 0,50% con un mes de anticipo, pero el porcentaje a aplicar dependerá también del periodo de cotización.

Profesiones exentas de penalizaciones

A pesar de estas penalizaciones, ciertos colectivos continuarán accediendo a la jubilación anticipada sin recortes en su pensión, dadas las características exigentes de sus ocupaciones. Entre ellos se encuentran los trabajadores del Estatuto Minero, del sector marítimo, ferroviario y del espectáculo, además de pilotos, tripulaciones de vuelo, bomberos, policías locales y la Ertzaintza. Estas excepciones permiten que algunos profesionales se retiren incluso a los 52 años, entre los que se incluyen los siguientes:

Trabajadores del Estatuto Minero: Aquellos que laboran en condiciones subterráneas y extremas, como mineros, pueden acceder a una jubilación anticipada sin penalizaciones debido al desgaste físico y los riesgos inherentes a su ocupación. Sector marítimo: Profesionales como pescadores y trabajadores portuarios, cuyas labores se desarrollan en condiciones adversas, también disfrutan de esta excepción. Trabajadores ferroviarios: Empleados encargados del funcionamiento de los trenes y las infraestructuras ferroviarias cuentan con beneficios específicos para un retiro anticipado. Profesionales del espectáculo: Actores, bailarines y otros artistas tienen la posibilidad de jubilarse anticipadamente sin reducciones debido a la naturaleza físicamente demandante de sus roles. Personal de vuelo: Pilotos y tripulaciones, enfrentados a elevados niveles de estrés y fatiga por los constantes cambios de horarios y condiciones laborales, pueden acogerse a estas medidas. Fuerzas de seguridad: Bomberos, policías locales y la Ertzaintza están incluidos por la peligrosidad de sus tareas y el desgaste psicológico asociado a sus responsabilidades.
Los cambios previstos subrayan la necesidad de planificar cuidadosamente la jubilación anticipada, especialmente para aquellos que no pertenezcan a los colectivos exentos. Aunque esta modalidad sigue siendo una opción viable, las penalizaciones sobre la cuantía de la pensión pueden variar considerablemente según los años cotizados y la anticipación respecto a la edad ordinaria.

Jubilados activos

El pasado 22 de enero de 20254, el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. El texto incluye la mejora de la regulación de la jubilación parcial, la jubilación activa y de la jubilación demorada, entre otras medidas, tal y como se estableció en el acuerdo de la Mesa de Diálogo Social de Seguridad Social y Pensiones, del 31 de julio de 2024, que fue ratificado el 18 de septiembre por los agentes sociales y el presidente del Gobierno.

Estas medidas, que se encuentran en el marco del Pacto de Toledo (concretamente en su recomendación 12 sobre la edad de jubilación), completan el proceso de reformas iniciado en 2021 que buscaban acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal ordinaria y establecían un nuevo abanico de opciones para el trabajador de cara a la jubilación.

Mejoras en la jubilación activa

La jubilación activa es una fórmula que permite compatibilizar durante un tiempo determinado la pensión y el trabajo una vez se accede a la jubilación. El nuevo texto elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa. Esto favorece la incorporación a esta modalidad de colectivos con carreras de cotización más cortas e intermitentes, como históricamente ha ocurrido en el caso de las mujeres por el cuidado de hijos u otros familiares.

Además, la jubilación activa será compatible con los incentivos de demora. Cada año en que se prolongue la jubilación activa, es decir, cada año en que se compatibilice trabajo y pensión, se incrementará el porcentaje a aplicar en el percibo de la prestación. Si la demora es de un año, el porcentaje correspondiente de la pensión será del 45%; si la demora es de cinco o más años, podrá percibirse hasta el 100% de la prestación. A mayor abundamiento,  el porcentaje de la pensión se irá incrementando cinco puntos porcentuales por cada 12 meses de actividad profesional ininterrumpida, sin que, en ningún caso, se supere el 100% de la pensión.

Jubilación parcial

El texto convalidado también incluye cambios en la regulación de la jubilación parcial, que es la modalidad por la que una persona trabajadora puede acceder a la pensión antes de la edad ordinaria de jubilación. Para ello, compagina la realización de un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial con la percepción de la pensión, minorada en proporción a la reducción de su jornada. Para poder acceder, se establece el requisito de la contratación de una persona para completar esa reducción de jornada a través de un contrato de relevo.

A partir de ahora, se amplía hasta el 75% la posibilidad de ampliar la reducción de jornada del jubilado parcial, que hasta ahora era del 50%. Además, se podrá acceder a la jubilación parcial tres años antes de la edad legal de jubilación, debiendo ser la reducción de jornada durante el primer año entre el 20y el 33%.

Respecto a la regulación especial de la jubilación parcial para los trabajadores de la industria manufacturera, se prorroga el marco actual hasta 2029 incluido. Esta prórroga incluye algunos ajustes para mejorar las condiciones del trabajador relevista y el diseño de una regulación más equilibrada y flexible para la empresa en lo que respecta a la organización de la jornada del relevista y del jubilado parcial.

Se prevé que el Gobierno realice, en el último trimestre de 2028, una evaluación del impacto de la reforma de la jubilación parcial.

El texto también incluye mejoras en las condiciones de acceso a la jubilación para los trabajadores fijos discontinuos que recuperan el coeficiente multiplicador del 1,5 que se aplicaba a la hora de calcular el periodo de carencia para acceder a la pensión de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia.

En su Título I, medidas en materia de eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, con una entrada en vigor prevista a los 20 días de su publicación.   En su Título II, medidas en materia de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, esto es, la introducción de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional (MASC), y la modificación de las leyes procesales, así como en materia civil, penal, laboral, contencioso-administrativa, tributaria y extranjería; cuya entrada en vigor se prevé a los tres meses de su publicación, esto es, el próximo 3 de abril de 2025 y será únicamente aplicable a los procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor.

Medidas de eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia

La Ley reforma numerosos preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y acomete una reforma organizativa de la Administración de Justicia mediante la creación y constitución de los Tribunales de Instancia, así como la evolución de los Juzgados de Paz a Oficinas de Justicia en los municipios.

El nuevo modelo organizativo será el siguiente:

1.- Tribunal Supremo.

2.- Audiencia Nacional.

3.- Tribunal Central de Instancia.

4.- Tribunales Superiores de Justicia.

5.- Audiencias Provinciales.

6.- Tribunales de instancia.

7.- Jueces de Paz (Oficinas de Justicia Municipales).

Desaparecen los Juzgados unipersonales y se crean los Tribunales de Instancia que estarán asistidos por una única organización que le dará soporte, la oficina judicial.  Los Juzgados de Paz mantendrán los servicios que actualmente prestan y los ampliarán, con el fin de que quienes se encuentran en estos municipios no tengan que desplazarse a las capitales, y puedan realizar determinadas gestiones o actos procesales, que antes debían ser llevadas a cabo presencialmente en los Juzgados, en estas Oficinas de Justicia a través de medios tecnológicos. 

Con esta reforma se busca una optimización de los recursos de los que dispone la administración de Justicia, y ello, implantando la especialización de los órganos judiciales y la homogeneidad en relación a las prácticas y comportamientos llevadas a cabo por los mismos y las oficinas judiciales.

Medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia

Introducción de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional (MASC)

Los Medios Adecuados de Solución de Controversias se convierten en requisito de procedibilidad (Art.5) para poder acudir a la vía jurisdiccional con respecto a las pretensiones de carácter dispositivo en el ámbito civil y mercantil (incluido el transfronterizo).

Quedan expresamente excluidas de los MASC las pretensiones relativas a las siguientes materias:

- Laboral;

- Penal;

- Concursal;

- Aquellos procedimientos en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al ámbito público;

- Igualmente en materia civil quedan excluidos de los MASC determinados procedimientos, como los relativos a la tutela judicial civil de derechos fundamentales; la adopción de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad; etc.

Las diferentes modalidades de negociación previa con los que poder cumplir el requisito de procedibilidad para la iniciación de la vía jurisdiccional son: (Artºs.14 y 15)

1.- La mediación regulada en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y, en su caso, por la legislación autonómica que resulte de aplicación.

2.- La conciliación ante Notario/a, que se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862.

3.- La conciliación ante el Registrador/a, que se regirá por lo dispuesto en el Título IV bis de la Ley Hipotecaria.

4.- La conciliación ante el Letrado/a de la Administración de Justicia, que se regirá por lo establecido en el Título IX de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

5.- La conciliación ante el Juez/a de paz, que se regirá por lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y por el Título IX de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

6.- La conciliación privada: Toda persona física o jurídica que se proponga ejercitar las acciones legales que le corresponden en defensa de un derecho, puede requerir a una persona con conocimientos técnicos o jurídicos relacionados con la materia de que se trate, para que gestione una actividad negociadora tendente a alcanzar un acuerdo conciliatorio con la parte a la que se pretenda demandar.

7.- La oferta vinculante confidencial: Cualquier persona que, con ánimo de dar solución a una controversia, formule una oferta vinculante confidencial a la otra parte, queda obligada a cumplir la obligación que asume, una vez que la parte a la que va dirigida la acepta expresamente. Dicha aceptación tendrá carácter irrevocable.

8.- La opinión de persona experta independiente: Las partes, con objeto de resolver una controversia, podrán designar de mutuo acuerdo a una persona experta independiente para que emita una opinión no vinculante respecto a la materia objeto de conflicto. Las partes estarán obligadas a entregar a la persona experta toda la información y pruebas de que dispongan sobre el objeto controvertido.

9.- El proceso de Derecho colaborativo: Igualmente las partes podrán acudir a un proceso de Derecho colaborativo, por el que, acompañadas y asesoradas cada una de ellas por una o un profesional de la abogacía ejerciente y con colegiación en un Colegio de la Abogacía, acreditado en Derecho colaborativo, y con la intervención, en su caso, de terceras personas neutrales expertas en las diferentes materias sobre las que verse la controversia o facilitadoras de la comunicación, buscaran la solución consensuada, total o parcial, a su controversia.

Modificación de leyes procesales en materia civil.

La Ley contiene una relevante reforma procesal civil, en su Título II, Capítulo II, art. 22, que supone la modificación de más de 80 artículos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Algunos de los aspectos fundamentales de dicha reforma son los siguientes:

- MASC: En cualquier momento del procedimiento, el Letrado de la Administración de Justicia o el Juez o Tribunal podrá plantear la posibilidad de derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversias, requiriéndose para ello la conformidad de las partes, que también podrán, en cualquier momento de la primera instancia, recursos, o de la ejecución de sentencia, salvo que la ley lo prohíba o limite,  renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación, a cualquier otro medio adecuado de solución de controversias o a arbitraje, y transigir sobre lo que sea objeto del mismo.

· La actividad de negociación deberá desarrollarse durante el tiempo que media entre la finalización de la audiencia previa y la fecha señalada para el juicio. No obstante, si quince días antes de llegar dicho término las partes manifestaran la conveniencia de prorrogar dicho plazo por una sola vez y por un tiempo determinado que deberán especificar, el letrado de Administración de Justicia fijará nueva fecha para la celebración del juicio. 

· En el caso de haberse alcanzado un acuerdo entre las partes, éstas deberán comunicarlo al tribunal para que decrete el archivo del procedimiento, sin perjuicio de solicitar previamente su homologación judicial.

- Intervención del procurador: En los supuestos establecidos por la ley, los profesionales de la procura llevarán a cabo la práctica de los actos procesales de comunicación, tareas de auxilio y cooperación con los Tribunales y las actividades materiales del proceso de ejecución que les hayan sido expresamente delegadas por el juez o tribunal, previa la petición y el consentimiento informado de la persona representada (Artículo 23.4 LEC).

- Competencias de los Jueces de Paz: corresponde a los Jueces de paz el conocimiento en primera instancia de los asuntos civiles de cuantía no superior a 150 euros que no estén comprendidos en ninguno de los casos a que, por razón de la materia, se refiere el apartado 1 del artículo 250 LEC, así como el de los expedientes de conciliación civil de cuantía inferior a 10.000 euros, en los términos previstos por el título IX de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

- Juicio Verbal: Salvo en los procedimientos en los que no intervenga abogado, podrán dictarse sentencias oralmente en el ámbito del juicio verbal al concluir el mismo acto de la vista y en presencia de las partes, haciéndose expresión de las pretensiones de las partes, las pruebas propuestas y practicadas y de los hechos probados a resultas de las mismas, haciendo constar las razones y fundamentos legales del fallo y las normas jurídicas aplicables al caso, ello, sin perjuicio de su ulterior redacción.

· En el juicio verbal, el demandado deberá impugnar la cuantía o la clase de juicio por razón de la cuantía en la contestación a la demanda, y el tribunal resolverá la cuestión en el trámite del artículo 438.10 LEC. También se resolverá conforme a dicho precepto, si alguna de las partes entendiera que en la obtención u origen de alguna prueba admitida se han vulnerado derechos fundamentales.

· La celebración de la vista en el juicio verbal pasa a ser una decisión potestativa del Juez aún a pesar de que ambas partes o una de ellas haya solicitado su celebración.

- Procedimiento Monitorio: Una vez impugnada la oposición por parte del acreedor, se concederá a las partes un plazo de 5 días para proponer pruebas (Art. 818.2 LEC).

- Tasación de costas y su impugnación: La parte condenada al pago de las costas podrá solicitar la exoneración de su pago o la moderación de su cuantía, siempre que hubiera formulado una propuesta a la parte contraria en cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias al que hubieran acudido, la misma no hubiera sido aceptada por la parte requerida, y la resolución judicial que ponga término al procedimiento sea sustancialmente coincidente con el contenido de dicha propuesta.

· Condena en costas: En cuanto a la posible condena en costas de la primera instancia, cuando la participación en un medio de solución de conflictos sea legalmente preceptiva, o se hubiere acordado previa conformidad de las partes durante el curso del proceso, no habrá pronunciamiento de costas a favor de aquella parte que hubiere rehusado expresamente o por actos concluyentes, y sin justa causa, participar en un medio adecuado de solución de controversias al que hubiese sido efectivamente convocado.  A mayor abundamiento, también se le podrá condenar al pago de las costas, en decisión debidamente motivada, aun cuando la estimación de la demanda sea parcial. 

· Por otro lado, si la parte requerida para iniciar una actividad negociadora previa tendente a evitar el proceso judicial hubiese rehusado intervenir en la misma, la parte requirente quedará exenta de la condena en costas, salvo que se aprecie un abuso del servicio público de Justicia.  Es más, si la parte demandada no hubiere acudido, sin causa que lo justifique, a un medio adecuado de solución de controversias, cuando fuera legalmente preceptivo o así se hubiera acordado durante el proceso y luego se allanare a la demanda, se le condenará en costas, salvo circunstancias excepcionales.

· En el caso en el que, pese a no ser preceptiva la intervención de abogado o abogada ni de procurador o procuradora, el consumidor opte por valerse de estos profesionales para interponer demanda tras haber formulado una reclamación extrajudicial previa, en la tasación de costas se incluirá la cuenta del procurador y la minuta del abogado, sin el límite establecido en el artículo 394.3 LEC.

- Actos de comunicación: Los actos de comunicación electrónicos que tuviesen por objeto el primer emplazamiento o citación de las partes en determinadas actuaciones procesales en los que transcurra el plazo de 3 días sin que el destinatario acceda a su contenido, deberán realizarse de forma personal antes de proceder en su caso a su publicación en el Tablón Edictal Único. (Artículo 155.1 LEC)

- Contenido de la demanda: El demandante deberá consignar en la demanda un número de teléfono, dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico a los efectos de contacto, además, indicará cualquiera de los medios previstos en el apartado 1 del artículo 162 LEC, a través de los cuales se podrán realizar notificaciones, requerimientos o emplazamientos personales, incluidos, en su caso, los actos de comunicación correspondientes al procedimiento de ejecución.

· También deberá constar y acreditarse en la demanda, el proceso de negociación previo llevado a cabo, o la imposibilidad del mismo, conforme a lo establecido en el ordinal 4.º del artículo 264 LEC, salvo en los supuestos exceptuados.

- Audiencia Previa: En el acto de Audiencia Previa, si las partes manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado, también podrán solicitar la suspensión del proceso para someterse a un medio adecuado de solución de controversias, y en caso de conformidad de las partes, tal derivación será acordada mediante providencia que podrá dictarse oralmente. 

- Admisión de la demanda y contestación: Una vez contestada la demanda o transcurridos los plazos correspondientes, el Letrado de la Administración de Justicia dictará diligencia de ordenación acordando dar traslado del escrito de contestación a la parte demandante y concediendo a ambas partes el plazo común de cinco días a fin de que propongan la prueba que quieran practicar, y a la actora para realizar alegaciones respecto a las excepciones procesales planteadas en el escrito de contestación que puedan impedir la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo. Transcurrido dicho plazo, el órgano judicial resolverá por auto sobre la impugnación de la cuantía del pleito de haberse producido, sobre las excepciones procesales planteadas, sobre la admisión de la prueba propuesta y sobre la pertinencia de la celebración de vista, acordando, en caso de no considerarla necesaria, que queden los autos conclusos para dictar sentencia.

- Sentencia y efectos de cosa juzgada: En las acciones de desahucio a las que se acumule la acción de reclamación de rentas, los pronunciamientos de la sentencia relativos a dichas acciones acumuladas a la desahucio producirán efectos de cosa juzgada.

- Subasta judicial electrónica, arts. 644 a 657: se reforman varios aspectos relativos a las subastas judiciales, entre ellos, se reduce a 20 días (anteriormente 40) el plazo para pagar el resto del precio ofrecido; se eleva al 20% del valor del bien a efectos de subasta el depósito que ha de constituirse para poder participar en ella, con un importe mínimo de 1.000.-€; etc.

Modificación de leyes procesales en materia penal.

Entre las novedades procesales, se amplían los supuestos de conformidad, se regula la ejecución penal y la justicia restaurativa. Los delitos de ocupación se dirimen como juicios rápidos y los procesos penales con víctimas menores de edad tienen tramitación preferente.

Las secciones de violencia sobre la mujer conocerán también de los delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual cometidos contra mujeres.

Las secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia serán las encargadas de la instrucción y enjuiciamiento de causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad.

Las previsiones recogidas por esta Ley se aplicarán exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor (DT 9ª LO 1/2025).

Entrará en vigor, con carácter general, el 3 de abril de 2025 (DF 38ª LO 1/2025). El 23 de enero de 2025 el Título I (art. 1: modificación de la LOPJ), la DA 1ª (menciones a juzgados y tribunales), DT 1ª a 8ª (transformación de tribunales de instancia y las oficinas de justicia) y la DF 6ª (Régimen electoral general).

Las principales novedades son las siguientes:

- La Oficina fiscal (art. 439 sexies LOPJ). Se introduce la regulación de la Oficina fiscal, organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad del Ministerio Fiscal, que podrá dividirse en áreas y equipos y será homogénea en todo el territorio del Estado.

- Los nuevos Tribunales de Instancia y el Tribunal Central del Instancia (arts. 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 95 LOPJ)

Los Tribunales de Instancia son órganos judiciales colegiados y existirá uno en cada partido judicial integrado por una Sección Única, de Civil y de Instrucción o por una Sección Civil y otra Sección de Instrucción, en los casos previstos por la Ley de Demarcación y de Planta Judicial.

Además, los Tribunales de Instancia pueden estar integrados por Secciones de Violencia sobre la Mujer, de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria.

Se prevé, asimismo, la posibilidad de que la Junta de Jueces de Sección del Tribunal de Instancia se reúna para la unificación de criterios cuando los jueces y magistrados que la integren sostengan en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicación de la ley en asuntos sustancialmente iguales.

Con respecto al Tribunal Central de Instancia ubicado en Madrid, con jurisdicción en todo el territorio nacional, que en la jurisdicción penal contará con una Sección de Instrucción, otra de lo Penal, otra de Menores y otra de Vigilancia Penitenciaria.

Transformación de los Tribunales penales (DA 1ª LO 1/2025):

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

Tribunal de Instancia, Sección de Primera Instancia e Instrucción

Juzgado de Instrucción

Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción

Juzgado de Violencia sobre la mujer

Tribunal de Instancia, Sección de Violencia sobre la mujer

Tribunal de Instancia, Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia

Juzgado de lo Penal

Tribunal de Instancia, Sección de lo Penal

Juzgado Central de Instrucción

Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción

Juzgado Central de lo Penal

Tribunal Central de Instancia, Sección de lo Penal

Juzgado de Menores

Tribunal de Instancia, Sección de Menores

Juzgado Central de Menores

Tribunal Central de Instancia, Sección de Vigilancia Penitenciaria

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria

Tribunal de Instancia, Sección de Vigilancia Penitenciaria

Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria

Tribunal Central de Instancia, Sección de Vigilancia Penitenciaria

- Violencia contra la infancia y la adolescencia. Para dar cumplimiento a la DF 20ª de la LO 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia, habrá Tribunales de Instancia, sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuando la carga de trabajo así lo requiera y se atribuyen competencias a las Audiencias Provinciales para el conocimiento de los asuntos de violencia de esta clase.

- Violencia sexual sobre la mujer. En el artículo 89 de la LOPJ se atribuye a las secciones de violencia sobre la mujer de los Tribunales de Instancia la instrucción de los procesos por delitos contra la libertad sexual previstos en el Título VIII del Libro II del Código Penal, por los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, cuando la persona ofendida sea mujer, para dar cumplimiento a la DF 20ª de la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, en relación con la especialización en violencias sexuales.

- Denuncia telemática. Se limita la posibilidad de denunciar por vía telemática. No se podrán denunciar por este medio los hechos que se hayan cometido con violencia e intimidación, si tuvieran autor conocido, si existen testigos, si el denunciante es menor de edad, si el delito es flagrante, si son hechos de naturaleza violenta o sexual (art. 266 LECRIM).

- Conformidad (arts. 655, 688, 785, 787 LECRIM). Para facilitar la conformidad, se suprime el límite penológico que se establecía hasta la fecha (la pena no podía ser superior a 6 años) para poder valerse de esta vía. Se impone la obligación al letrado de que suministre a su defendido información por escrito del acuerdo alcanzado.

- Intervención del acusado en último lugar. Se reconoce el derecho del acusado a testificar en último lugar en el juicio oral. Si lo pide su defensor, el Presidente de la sala lo debe aceptar (art. 701 LECRIM).

- Información de derechos y ofrecimiento de acciones (arts. 771, 776 LECRIM). Se mejora la regulación de la información de derechos y ofrecimiento de acciones a cargo de la Policía Judicial.

- Audiencia preliminar (arts. 785 y 786, 787, 787 ter, 802 LECRIM). El artículo 785 regula la audiencia preliminar, que ya no será al inicio del juicio oral, sino antes, a la que se citará únicamente al fiscal y a las partes, así como a los acusados. Tiene por finalidad la admisión de pruebas y una posible conformidad, así como la depuración de aquellas cuestiones que pudieran suponer la suspensión de la celebración del juicio oral y un nuevo señalamiento o la posible nulidad de pruebas por vulneración de derechos fundamentales, sin necesidad de esperar a su resolución en sentencia tras la celebración del juicio oral.

Se podrá celebrar esta audiencia preliminar, aunque no asista, injustificadamente, la persona acusada debidamente citada o las demás partes, a fin de sustanciar todas aquellas cuestiones que puedan resolverse en ausencia.

- Audiencia previa de la víctima o perjudicado. En el nuevo artículo 787 ter LECRIM se mejora la regulación para acoger la audiencia previa de la víctima o persona perjudicada, aunque no estén personadas, a fin de ponderar correctamente los efectos y alcance de la conformidad y en todo caso cuando la gravedad o trascendencia del hecho o la intensidad o la cuantía sean especialmente significativos, así como en todos los supuestos en que víctimas o personas perjudicadas se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. Y también sobre los aplazamientos de las responsabilidades pecuniarias y los requerimientos y liquidaciones de condena de las penas impuestas en la sentencia.

- Delitos de ocupación. Se incluyen dentro del ámbito de aplicación de los juicios rápidos del art. 795 LECRIM, tanto los delitos de allanamiento de morada del artículo 202 CP como de usurpación del artículo 245 CP.

- Ejecución penal (art. 988 bis, 989 LECRIM). Se introduce un artículo 988 bis LECRIM con la finalidad de ordenar la fase de ejecución penal. Una de las principales dificultades de esta fase procesal radica en la ausencia casi total de previsión legal al respecto. Con este precepto no se pretende una regulación completa de la ejecución penal, pero sí evitar la dispersión de trámites y resoluciones, centrándolos en un solo momento inicial, de tal forma que, desde ese primer momento, la ejecución quede encauzada a la espera del cumplimiento de las penas y demás pronunciamientos de la sentencia.

- Procesos con víctima menor de edad (nueva DA 8ª LECRIM). Se establece la tramitación preferente de los procesos penales en los que haya víctimas menores de edad. Se otorga así una mayor protección a los menores evitando la victimización secundaria derivada de la pendencia del proceso.

- Justicia restaurativa o mediación penal (nueva DA 9ª LECRIM). El órgano judicial puede remitir a las partes a un procedimiento restaurativo, valorando las circunstancias del hecho, de la persona investigada, acusada o condenada y de la víctima, salvo en los casos excluidos por ley, como ocurre con los delitos de violencia de género. Será voluntario y confidencial, de modo que las informaciones vertidas en dicho procedimiento no podrán utilizarse posteriormente, salvo que expresamente lo acuerden las partes afectadas. Habrá un plazo de 3 meses prorrogables por otros 3 para este procedimiento restaurativo. Si se llega a un acuerdo, el órgano judicial podrá decretar el archivo de la causa en caso de delitos leves o delitos privados. En otros casos se seguirán los trámites del juicio de conformidad del art. 655 y 787 ter LECRIM. También puede resolver sobre la suspensión de la ejecución de la pena.

Para comenzar, distinguiremos los distintos tipos de subvenciones para después ver las cuentas contables a utilizar en cada caso y sus movimientos. Así, tendremos una primera clasificación en función de quien las concede. Como se ha indicado, en su gran mayoría las subvenciones las conceden los distintos organismos públicos, aunque también existen algunas concedidas por el sector privado.

El plan general contable (PGC) identifica las primeras como "Subvenciones oficiales" incluyendo las segundas como "Otras subvenciones". En el presente artículo, me centraré en las oficiales por ser, con diferencia, las más habituales.

Otra clasificación sería en función del destino de los fondos percibidos y tenemos:

Subvenciones a la explotación o corrientes que son las que se destinan a sufragar gastos corrientes del ejercicio de que se trate. Subvenciones de capital. A diferencia de las anteriores son aquellas que se conceden para financiar toda o parte de una inversión realizada por la empresa en bienes equipo u otros inmovilizados, tangibles o intangibles. También pueden destinarse a la cancelación de determinados pasivos.

Una tercera y última clasificación sería en función de su reintegro, es decir si se tienen que devolver o no y tendremos, lógicamente, las: 

Subvenciones reintegrables, cuyo importe se tendrá que devolver, ya sea debido a que ya se concedieron con dicha condición o bien porque, finalmente, no se cumplieron las condiciones y requisitos legalmente establecidos para que fueran no reintegrables. Subvenciones no reintegrables, obviamente, son aquellas cuyo importe no se tiene que devolver o reintegrar y que suelen ser las más habituales.

Naturalmente, en el caso de las primeras, se tratará de un pasivo exigible como cualquier otro. Por tanto, nos centraremos en los aspectos contables más complejos de las segundas.

Registro contable de las subvenciones oficiales no reintegrables   

Para comenzar, recordaremos que el PGC, tanto en el cuadro de cuentas como en las definiciones y relaciones contables, partes cuarta y quinta, respectivamente, se incluyen los grupos 8 y 9 cuya función, como sabemos, es la de registrar aquellos gastos e ingresos que no se imputan, inicialmente, a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, sino en cuentas de Patrimonio Neto. Recordemos también que las cuentas de dichos grupos se "regularizan" contra cuentas del subgrupo 13 igual que las de los grupos 6 y 7 de ingresos y gastos se "regularizan" contra la cuenta 129. En el PGC de PyMES, por simplicidad, no se incluyen los grupos 8 y 9 y las anotaciones contables que deberían registrarse en dichas cuentas se realizan, directamente, en cuentas del referido subgrupo 13, por lo que el tratamiento contable final no deja de ser el mismo, pero con menos pasos para las PyMES. 

También recordemos que las cuarta y quinta partes, tanto del PGC como del de PyMES, no son de estricto obligado cumplimiento siempre y cuando la información que finalmente contengan las cuentas anuales no quede desvirtuada por dicho incumplimiento, puesto que la tercera parte, dedicada, precisamente, a las cuentas anuales, sí es de obligado cumplimiento.

¿Y para que todo este rollo de recordatorios? Pues para llegar a que, también por simplicidad del artículo, no utilizaré las cuentas de los grupos 8 y 9 sino que directamente, utilizaré las del subgrupo 13 lo que, al final, nos llevará al mismo resultado.

Obviamente, lo primero a considerar es si se trata de una subvención oficial corriente o de capital, puesto que su tratamiento contable es, lógicamente, distinto. Así, una subvención corriente se caracterizará porque se imputa directamente a resultados del ejercicio mediante una cuenta específica del grupo 7 de ingresos que es la 740 "Subvenciones, donaciones y legados a la explotación". Así, si una empresa percibe una subvención de 50.000 euros, dentro de determinado programa de ayudas a la contratación de varios trabajadores que reúnan determinadas características laborales, los asientos a realizar son:

Por la concesión:

N.º CTA.

TÍTULO

CARGO

ABONO

4708

H.P. deudora por subvenciones concedidas

50.000

740

Subvenciones, donaciones y legados a la explotación

50.000

Por el cobro:

N.º CTA.

TÍTULO

CARGO

ABONO

572

Bancos c/c

50.000

4708

H.P. deudora por subvenciones concedidas

50.000

En cuanto a una subvención oficial de capital, como sea que se otorga para financiar parte del activo no corriente o activo fijo de la empresa, su importe se deberá imputar a resultados en la misma medida o proporcionalmente en que se impute el correspondiente gasto, es decir, a medida que se vayan amortizando los bienes adquiridos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja de inventario. En el caso de tratarse de una subvención para financiar la cancelación de una deuda, cosa poco habitual, se imputará a resultados a medida y en la proporción en que dicha deuda vaya siendo cancelada.

En este sentido, para su registro contable se utilizarán las siguientes cuentas, de acuerdo con la Cuarta y Quinta parte del PGC:

130. Subvenciones oficiales de capital

Se abonará en el momento de la concesión y se cargará al cierre del ejercicio por su imputación a resultados.

746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos a resultado del ejercicio

Se abonará, al cierre del ejercicio, por la parte de subvención que corresponda, de acuerdo con la amortización del activo correspondiente, con cargo a la cuenta 130.

En este caso se deberá considerar, además, el efecto impositivo de la operación.

Veámoslo mediante un caso práctico

Una sociedad recibe una subvención pública, no reintegrable, de capital para financiar determinados bienes de inversión cuya vida útil es de 10 años y su precio de adquisición es de 80.000 euros. El importe de la subvención es de 50.000 euros y el tipo impositivo del Impuesto de sociedades supongamos que es del 25%. Prescindiremos del IVA por simplicidad de cálculos y, por el mismo motivo, consideraremos que todos los ejercicios son completos.

Propuesta de solución:

Por la adquisición del bien:

N.º CTA.

TÍTULO

CARGO

ABONO

21XX

Inmovilizaciones materiales

80.000

572//173/523

Bancos/Prov. inmovilizado. LP/Prov. Inmovilizado. CP.

80.000

A la concesión de la subvención:

N.º CTA.

TÍTULO

CARGO

ABONO

4708

Hda. Pública deudora subvenciones concedidas

50.000

130

Ingresos de subvenciones oficiales en capital

50.000

Por el cobro de la subvención:

N.º CTA.

TÍTULO

CARGO

ABONO

4708

Hda. Pública deudora subvenciones concedidas

 50.000

572

Bancos c/c

50.000

Por el efecto impositivo de la subvención:

N.º CTA.

TÍTULO

CARGO

ABONO

130

Impuesto diferido (50.000 x 0,25)

12.500

479

Pasivos por diferencias temporarias imponibles

12.500

Al cierre del ejercicio, además del registro de las correspondientes amortizaciones (80.000€/10 años), por las implicaciones contables de la subvención en el patrimonio neto, haríamos:

Por la amortización de los bienes adquiridos:

N.º CTA.

TÍTULO

CARGO

ABONO

681

Amortización del Inmovilizado material

8.000

281

Amortización acumulada del Inmovilizado material

8.000

Por la imputación de la parte de la subvención a pérdidas y ganancias del ejercicio: 50.000€/10 años, más la reversión del correspondiente efecto impositivo:

N.º CTA.

TÍTULO

CARGO

ABONO

130

Transferencia de subvenciones oficiales de capital

5.000

746

Subvenciones de capital transferidas a resultado del ejercicio

5.000

479

Pasivos por diferencias temporarias imponibles

1.250

130

Impuesto diferido (5.000 x 0,25)

1.250

Durante nueve años más se deberían realizar los mismos últimos asientos hasta completar los diez años de vida útil de los elementos adquiridos, es decir:

N.º CTA.

TÍTULO

CARGO

ABONO

681

Amortización del Inmovilizado material

8.000

281

Amortización acumulada del Inmovilizado material

8.000

N.º CTA.

TÍTULO

CARGO

ABONO

130

Transferencia de subvenciones oficiales de capital

5.000

746

Subvenciones de capital transferidas a resultado del ejercicio

5.000

479

Pasivos por diferencias temporarias imponibles

1.250

130

Impuesto diferido (5.000 x 0,25)

1.250

Como se puede apreciar, según se ha indicado, la facilidad en el registro contable de las subvenciones para el caso de las PyMES radica en la no utilización del entramado de cuentas de los grupos 8 y 9 previstos en el PGC para la imputación a patrimonio neto de, entre otros, los efectos contables de la subvención. En el caso de las PyMES se utiliza directamente la cuenta 130 que, en definitiva, es donde acaban, finalmente, todas las imputaciones realizadas en los grupos 8 y 9 para el caso de las entidades que no son PyMES.

Es por ello que, siguiendo lo ya apuntado en el apartado de introducción, entiendo que una empresa que deba aplicar el PGC puede perfectamente prescindir de la utilización de los referidos grupos 8 y 9 y utilizar directamente la cuenta 130 como hacen las PyMES, siempre y cuando, eso sí, no menoscabe la información final que, necesariamente, deben incluir las cuentas anuales.

En operaciones intragrupo, el tratamiento contable de la cesión de un inmueble sin contraprestación debe atender a su realidad económica y normativa fiscal. La consulta 2 del BOICAC 140/enero 2025 analiza esta cuestión.

La operación objeto de análisis, consistente en la cesión sin contraprestación de un inmueble entre una filial (Sociedad B) y su matriz (Sociedad A), debe atender al fondo económico y no solo a la forma jurídica. Así lo establece el artículo 34.2 del Código de Comercio, el cual determina que la contabilización de las operaciones debe reflejar su realidad económica.

Desde el punto de vista contable, el tratamiento de estas operaciones está regulado por la Norma de Registro y Valoración (NRV) 21.ª del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, la cual establece que:

"Las operaciones entre empresas del mismo grupo se contabilizarán según las normas generales. Si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registrará conforme a la realidad económica de la operación."

Además, la Resolución de 5 de marzo de 2019 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) establece criterios sobre la distribución de dividendos y la recuperación de la inversión en estas operaciones.

Registro contable de la cesión del inmueble

La cesión del inmueble sin contraprestación se asimila a un arrendamiento operativo gratuito, por lo que la sociedad filial (B) debe reconocer la operación atendiendo a su valor razonable.

Registro en la sociedad cedente (Sociedad B - Filial)

Se condona el derecho de cobro sobre la sociedad matriz, lo que se debe registrar con cargo a reservas y abono a cuentas de ajustes por periodificación. Asiento contable: (129) Resultado del ejercicio (113) Reservas voluntarias (por el valor razonable del inmueble cedido) (480) Ingresos a distribuir en varios ejercicios (según plazo de cesión)

Registro en la sociedad cesionaria (Sociedad A - Matriz)

El beneficio de la cesión gratuita se considerará una distribución de dividendos o recuperación de la inversión, con contrapartida en cuentas de ajustes por periodificación. Asiento contable: (472) Hacienda Pública, IVA soportado (752) Ingresos por subvenciones, donaciones y legados (480) Ingresos a distribuir en varios ejercicios

Ejemplo

Veamos un supuesto en el que se dan los siguientes datos:

La sociedad B (filial) cede un inmueble a la sociedad A (matriz) sin contraprestación durante 10 años. Valor razonable del arrendamiento: 1.000.000 euros. Vida útil remanente del inmueble: 30 años. El inmueble tiene una hipoteca pendiente de 400.000 euros, con pagos anuales de 40.000 euros. La sociedad A realizará mejoras en el inmueble valoradas en 200.000 euros, financiadas con una subvención.

En la sociedad B (cedente):

Reconocimiento de la condonación de la cuenta a cobrar:

(113) Reservas voluntarias 1.000.000

                        a (480) Ingresos a distribuir en varios ejercicios  1.000.000

Ajuste por la hipoteca pendiente:

(170) Deudas a largo plazo con entidades financieras  400.000

                         a (572) Bancos  400.000

Reconocimiento anual del ingreso por arrendamiento:

(480) Ingresos a distribuir en varios ejercicios  100.000

                         a (752) Ingresos por subvenciones  100.000

En la sociedad A (cesionaria):

Reconocimiento del derecho a uso del inmueble:

(752) Ingresos por subvenciones  1.000.000

                        a (480) Ingresos a distribuir en varios ejercicios  1.000.000

Registro de la subvención recibida para mejoras:

(4708) Hacienda Pública, deudora por subvenciones  200.000

                         a (752) Ingresos por subvenciones  200.000

Reconocimiento anual del gasto:

(621) Arrendamientos y cánones  100.000

                        a (480) Ingresos a distribuir en varios ejercicios  100.000

Implicaciones en las empresas del grupo y posibles riesgos ante una inspección

Implicaciones contables y financieras

Impacto en el patrimonio neto: La filial (B) reduce su patrimonio neto al condonar el derecho de cobro, lo que podría afectar a futuras financiaciones o distribución de dividendos. Reconocimiento del ingreso en la matriz: La sociedad matriz (A) refleja la cesión como una distribución de dividendos o recuperación de la inversión, lo que podría impactar en su estructura financiera. Efectos en los ratios financieros: Los ajustes por periodificación pueden alterar indicadores clave como EBITDA o rentabilidad del activo.

Riesgos ante una inspección fiscal

Recalificación de la operación como una donación gravada: La Administración Tributaria podría considerar que la cesión es una liberalidad y exigir el pago del ISD. Ajuste en el valor razonable: Si el valor razonable no está bien documentado, la inspección podría corregirlo y generar ajustes contables y fiscales. No deducibilidad del gasto en la matriz: La AEAT podría cuestionar la deducibilidad de los gastos relacionados con el inmueble en la matriz si considera que la operación carece de sustancia económica. Aplicación del IVA: Si el inmueble está afecto a actividad económica, la operación podría estar sujeta a IVA, lo que requeriría ajustes en la facturación y autoliquidaciones. Requerimiento de documentación de operaciones vinculadas: Al ser una operación intragrupo, se debe documentar adecuadamente para evitar sanciones por incumplimiento de normativa sobre precios de transferencia.

Como consecuencia de la anterior crisis económica que produjo un importante número de ejecución de préstamos con garantía hipotecaria, numerosos prestatarios plantearon reclamaciones judiciales en relación con la legalidad de la cláusula contractual que regulaba el tipo de interés en los casos en que estaba referenciado al denominado Índice de referencia de los préstamos hipotecarios de las Cajas de Ahorros (IRPH).

En el presente artículo se analizan las principales conclusiones de la Sentencia de 12 de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cuestiones relativas a la aplicación del citado índice de referencia para determinar el tipo de interés en los préstamos hipotecarios.

INTRODUCCIÓN

La inclusión en los contratos de préstamos hipotecarios de la cláusula relativa al tipo de interés vinculada al índice de referencia del mercado hipotecario (en adelante, IRPH) ha supuesto una fuente de controversias entre los consumidores y las entidades de crédito.

Para una mayor clarificación inicial, es precio señalar que hasta el año 2013, las entidades de crédito utilizaban de forma principal los siguientes índices de carácter variable para establecer la cláusula de interés en las operaciones de préstamo hipotecario:

El índice EURIBOR, que ha sido el más aplicado. Dicho índice se vincula a las operaciones interbancarias de préstamo que formalizan mutuamente las entidades de crédito en el ámbito de la zona euro Índice CECA. Generado por la Confederación Española de Cajas de Ahorro y que se refiere los préstamos formalizados por las Cajas de Ahorro. Tras la crisis del sistema financiero en España ha dejado de tener vigencia Índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH). Se determina como el tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre

Como consecuencia de la crisis económica y financiera iniciada en el año 2008 que supuso un incremento notorio de procedimientos judiciales de ejecución de préstamos con garantía hipotecaria, se produjo un número significativo de controversias y litigios judiciales en relación principalmente con la cláusula de tipo interés basado en el índice IRPH.

La aplicación del índice IRPH (principalmente aplicado por las Cajas de Ahorros) ha sido cuestionado por deudores hipotecarios al entender que dicho índice les resultaba perjudicial en comparación con otros índices alternativos (principalmente, el Euribor), dado que el citado IRPH no es un tipo de interés nominal, sino que se determine en base la media de operaciones similares. Sin embargo, el tipo anual equivalente (TAE) del IRPH al considerar en su cálculo el resto de las comisiones y gastos de la operación de préstamo hipotecario es superior al de otros índices utilizados en otras operaciones equivalentes.

Durante diversos años se han ido dictando sentencias judiciales sobre dicha materia con pronunciamientos diversos y, en ocasiones, contradictorios. De forma sumaria, las principales sentencias en relación con la cláusula del IRPH previamente a la Sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2024:

Sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2020 (asunto C-125/18) Autos del TJUE (asuntos C-655/20 y C-796/21) Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2022 y 1 de febrero de 2022

El criterio que se infería de las resoluciones citadas podía resumirse sucintamente en que la publicación de un índice de referencia previsto legalmente podía considerarse como transparente por tratarse de información publicada y que asimismo resulta disponible y accesible para un consumidor usual que esté razonablemente informado sobre las características de dicho índice de referencia (IRPH).

Así, el Auto del TJUE de 17 de noviembre de 2021, interpretando el artículo 5 de la Directiva 93/13/CEE en relación con la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales de un préstamo hipotecario concluyó que no era preciso incluir en el contrato la definición completa del índice de referencia que se utiliza para determinar el tipo de interés variable, ni asimismo entregar al consumidor con carácter previo a la celebración del contrato, un folleto informativo en el que se incluya la evolución del índice.

Asimismo, el Tribunal Supremo en las Sentencias posteriores emitidas a dicho Auto del TJUE, al abordar el análisis de abusividad de dicha cláusula estimó que no concurrían los elementos para apreciar la misma (existencia de mala fe en la utilización del índice de referencia ni la existencia de un desequilibrio significativo en perjuicio del consumidor.

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 12 DE DICIEMBRE DE 2024

La Sentencia de 12 de diciembre de 2024 del TJUE se emite en relación con el asunto C-300/23 y constituye una resolución que tiene una importante relevancia en el ámbito de la protección de los consumidores de servicios financieros. El origen de la misma se refiere a diversas cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de San Sebastián, que solicitó aclaraciones relativas a diversos aspectos sobre la transparencia y abusividad de la cláusula IRPH en relación con la Directiva 93/13/CEE.

El objeto de la controversia se refiere a un contrato de préstamo hipotecario, con una duración de 35 años. La cláusula del tipo de interés se pactó variable, determinándose su revisión periódica en base a la evolución del índice IRPH de las Cauas de Ahorros.

Se plantea inicialmente si el consumidor tenía conocimiento suficiente sobre el funcionamiento del índice y, en particular, sobre el hecho de que en el mismo se incluía, además del tipo de interés nominal, los gastos y comisiones del préstamo hipotecario.

Adicionalmente, en relación con las exigencias legales de transparencia, se plantea por parte del Juzgado de primera instancia si el cliente hubiera aceptado la inserción de la cláusula controvertida si el consumidor hubiese comprendido el funcionamiento del método de cálculo del IRPH de las Cajas de Ahorros.

Análisis del control de transparencia del Índice IRPH

En relación con dicha cuestión, el TJUE se remite a su criterio manifestado en anteriores resoluciones, insistiendo en que las entidades de crédito no están obligadas a informar al consumidor sobre la definición del índice IRPH y su evolución anterior. Tampoco resulta preciso informar que dicho índice tenía la consideración de TAE, siempre que hubiera facilitado información suficiente previa al consumidor al objeto de que pudiera acceder a la misma que hubiese sido publicada previamente en relación con dicho índice.

El TJUE entiende que si la entidad de crédito no ha proporcionado las indicaciones precisas para que el consumidor pueda acceder a la información pública del índice de referencia, estaría obligada a facilitar una definición completa de dicho índice, así como cualquier otra información relevante asociada (en particular, las advertencias sobre determinadas particularidades que hubiera efectuado la autoridad competente de control). En cualquier caso, incumbe al profesional de la entidad de crédito ofrecer al consumidor toda la información que, en virtud de la normativa nacional aplicable en el momento de la celebración del contrato, esté obligado a proporcionar.

Abusividad de la cláusula IRPH en el caso de falta de transparencia

Se trata de una de las cuestiones más relevantes examinada por el TJUE, por cuanto se trata de una cuestión debatida en los Tribunales, ya que debe analizarse si la cláusula IRPH resulta abusiva en el caso de no superar el denominado test de transparencia de la misma.

La Sentencia del TJUE considera que la apreciación del carácter abusivo de la cláusula IRPH debe efectuarse según las circunstancias específicas del contrato de préstamo hipotecario. Por tanto, deberá compararse el método de cálculo del tipo de los intereses ordinarios previsto por dicha cláusula en relación con el tipo de interés efectivo de los intereses resultantes con los métodos de cálculo generalmente aplicados (específicamente en relación con los tipos de interés aplicados en el mercado hipotecario) en la fecha en que se celebró el contrato de préstamo con otros que sean de características similares en relación con la cuantía del préstamo y duración.

Por tanto, en aquellos supuestos en que el tipo de interés resultante del índice IRPH fuera significativamente más elevado que otros préstamos similares en la fecha contratada, podría declarase su abusividad y consiguiente nulidad del contrato de préstamo.

Efectos de la falta de transparencia y abusividad de la cláusula IRPH

Una vez efectuados los análisis anteriores y en el supuesto de calificarse una cláusula IRPH como abusiva, se plantea asimismo los efectos de la misma.

El Juzgado de Primera Instancia planteó al TJUE en su cuestión prejudicial la posibilidad de que en el caso de considerarse la cláusula IRPH abusiva y nula, el juez nacional pudiera aplicar un diferencial negativo al objeto de que el contrato pudiera subsistir y reducir de este modo el desequilibrio económico perjudicial para el consumidor.

No obstante, el TJUE impide dicha posibilidad y determina que el juez nacional no tiene dicha facultad, sino que puede en todo caso sustituir dicha cláusula por una disposición supletoria del derecho nacional del país, lo cual genera incertidumbre en aquellos casos en que no existe en el contrato o en la legislación una regulación específicamente establecida de forma, reduciendo de este modo la facultad moderadora del juez para atemperar el perjuicio producido al consumidor. Así, el TJUE dispone que no es factible que el órgano jurisdiccional modifique la cláusula IRPH añadiéndole un elemento que permita remediar el desequilibrio que genera en detrimento del consumidor

En aquellos supuestos en que no pudiera subsistir el contrato sin la cláusula abusiva, el TJUE permite al juez declarar la nulidad del contrato, impidiendo que la entidad de crédito reclame a su cliente la cantidad prestada más los intereses legales desde la disposición del préstamo.

Como conclusión de lo expuesto, cabe señalar que la Sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2024 establece unos parámetros interpretativos para que los jueces nacionales puedan efectuar el análisis acerca de la transparencia y abusividad de las cláusulas IRPH, pero su concreción requerirá muy posiblemente de ulteriores pronunciamientos jurisprudenciales al objeto de ir acotando  los efectos económicos que se deriven en aquellos supuestos en los que una cláusula IRPH sea considerada abusiva en perjuicio del consumidor.

La Sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2024 relativa a las cláusulas IRPH en préstamos hipotecarios de los consumidores exige el control judicial de transparencia y abusividad de dichas cláusulas con carácter previo a determinar su nulidad.

Los criterios que recoge la citada Sentencia requerirán un pronunciamiento posterior de los Tribunales españoles en relación con su aplicación práctica a los contratos de préstamo individualizados que contengan la cláusula IRPH.

El artículo 69.Tres.2.º de la LIVA establece que se considerará establecimiento permanente (EP) "cualquier lugar fijo de negocios donde los empresarios o profesionales realicen actividades empresariales o profesionales".

En particular, se incluyen:

Sede de dirección, sucursales, oficinas, fábricas, talleres e instalaciones. Tiendas, agencias o representaciones autorizadas para contratar en nombre y por cuenta del sujeto pasivo. Minas, canteras, pozos de petróleo o gas y otros lugares de extracción de productos naturales. Obras de construcción, instalación o montaje con duración superior a 12 meses. Explotaciones agrarias, forestales o pecuarias. Instalaciones de almacenamiento utilizadas para la entrega de mercancías. Centros de compras de bienes o de adquisición de servicios. Bienes inmuebles explotados en arrendamiento o por cualquier título.

Para que se configure un EP, se requiere que exista un grado suficiente de permanencia y una estructura adecuada en términos de medios humanos y técnicos que le permitan realizar actividades económicas de forma autónoma. Esta definición está alineada con el artículo 11 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011, el cual precisa que un EP debe contar con una organización que le permita recibir y utilizar los servicios que se le presten para sus propias necesidades.

Criterios jurisprudenciales y problemáticas comunes

La doctrina del TJUE ha refinado el concepto de establecimiento permanente en el IVA. Algunos de los casos más relevantes incluyen:

Asunto C-533/22 (Adient Alemania y Adient Rumanía): Se establece que la pertenencia a un mismo grupo empresarial o la existencia de contratos de prestación de servicios no prueban por sí solas la existencia de un EP. Asunto C-232/22 (Cabot Plastics): Se confirma que el EP debe analizarse desde la perspectiva del destinatario de los servicios y no del prestador. Asunto C-931/19 (Titanium Ltd): Se determina que un inmueble en alquiler no constituye por sí solo un EP si no cuenta con medios humanos y materiales. Asunto C-475/23: Se concluye que la falta de contabilidad separada para el EP no justifica negar el derecho a la deducción del IVA.

También podemos destacar como criterios del Tribunal Supremo y TEAC:

La Sentencia 1676/2023 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 5 de mayo de 2023. En esta resolución, el tribunal aborda la posibilidad de que una filial española sea considerada un EP de su matriz no residente a efectos del IVA. La Resolución del TEAC de 2017 que establece que la mera disponibilidad de un punto de amarre en un puerto no implica la existencia de un EP.

Determinación del lugar de prestación de los servicios

El artículo 44 de la Directiva del IVA establece que, por regla general, los servicios se entienden prestados en el lugar donde el destinatario tenga su sede. No obstante, si los servicios se prestan a un EP en otro Estado miembro, el IVA se devenga en dicho EP.

Para que un destinatario de servicios pueda considerarse que tiene un EP en un Estado miembro, debe contar con medios humanos y materiales suficientes para recibir y utilizar los servicios.

Algunos conflictos recurrentes en la determinación del EP incluyen:

Dificultades en la diferenciación entre EP y centros de costes. Subcontrataciones o prestación exclusiva de servicios que no otorgan independencia económica. Desacuerdos entre la Administración Tributaria y los contribuyentes sobre la existencia de un EP.

Recomendaciones prácticas

Realizar un análisis previo de la estructura empresarial para evitar contingencias fiscales. Evaluar los contratos con filiales y terceros para determinar si pueden dar lugar a un EP. Monitorizar la evolución de la jurisprudencia del TJUE y del TEAC para conocer las interpretaciones más recientes. Buscar asesoramiento especializado antes de establecer una presencia en otro país.

Riesgos ante una inspección fiscal

Riesgo Identificado

Consecuencia

Solución

La Administración considera que existe un EP no declarado

Regularización de IVA e intereses de demora

Realizar un análisis preventivo sobre la estructura empresarial

Falta de contabilidad separada para el EP

Pérdida del derecho a deducción del IVA

Implementar registros contables separados

Subcontratación con exclusividad que genera indicios de EP

Posible reclamación de IVA no ingresado

Revisar los términos contractuales para evitar exclusividad total

Dificultad en determinar la localización del servicio

Doble imposición o conflicto con otra Administración Tributaria

Aplicar la doctrina del TJUE y revisar los artículos 44 y 192 bis de la Directiva del IVA

Ejemplo de conflicto de EP

Una empresa francesa (TechSoft France) presta servicios de consultoría tecnológica a clientes españoles. Para facilitar la operativa en España, la empresa abre una filial en Madrid (TechSoft España, S.L.), cuya función declarada es únicamente realizar marketing y apoyo administrativo a la casa matriz.

TechSoft España tiene empleados que trabajan en España, pero oficialmente solo se encargan de labores de marketing y administración. Los contratos con clientes en España son firmados directamente por TechSoft France, sin que TechSoft España intervenga en la negociación o cierre de contratos. TechSoft España factura a la matriz por servicios internos de apoyo. Los consultores de TechSoft France viajan a España frecuentemente para prestar servicios, pero facturan directamente desde Francia sin aplicar IVA español.

Inspección de la AEAT

La AEAT inicia una inspección y considera que TechSoft España es un EP de TechSoft France en España por los siguientes motivos:

Existencia de medios humanos y técnicos en España que, aunque formalmente hacen marketing, en la práctica apoyan y gestionan la prestación de los servicios de consultoría. Dependencia económica y operativa: La filial solo trabaja para la matriz y no tiene clientes propios. Participación en la prestación de servicios: Se detecta que los empleados de TechSoft España participan en reuniones con clientes y ayudan en la implementación de los proyectos. Viajes frecuentes de consultores desde Francia a España para prestar los servicios, lo que refuerza la idea de una presencia estable.

Consecuencias fiscales

Si la AEAT considera que TechSoft España es un EP de TechSoft France en España, esto implicaría:

Obligación de tributar en España por el IVA de los servicios prestados en territorio español. Sanciones e intereses de demora por el IVA no liquidado correctamente. Riesgo de doble imposición si Francia también grava los mismos ingresos.

Defensa de la empresa

TechSoft France podría argumentar que TechSoft España no es un EP, basándose en:

La falta de autonomía en la prestación de los servicios: La filial no tiene poder para negociar ni firmar contratos con clientes. La actividad de la filial es meramente auxiliar (marketing y apoyo administrativo). Los servicios son prestados directamente desde Francia por consultores desplazados, sin estructura permanente en España.

Posible resolución

Si la AEAT mantiene su criterio, TechSoft France tendría dos opciones:

Aceptar la regularización y empezar a tributar el IVA en España. Recurrir la decisión, argumentando que la filial no cumple con los requisitos de EP según la jurisprudencia del TJUE (como en los casos Titanium Ltd (C-931/19) o Cabot Plastics (C-232/22)).

El concepto de establecimiento permanente en el IVA sigue siendo objeto de interpretaciones y litigios. La jurisprudencia del TJUE ha enfatizado que la mera tenencia de infraestructura no es suficiente, requiriéndose la combinación de medios humanos y materiales con capacidad operativa real. Además, se ha establecido que la determinación del EP debe realizarse desde la perspectiva del destinatario de los servicios y no del prestador.

En definitiva, la existencia o no de un establecimiento permanente en el IVA debe analizarse caso por caso, considerando la normativa vigente y la interpretación de los tribunales nacionales y comunitarios.